
PSOE, a través de su red de blogs de la Organización Sectorial de Participación Ciudadana, Más Ciudadanía, al que está adscrito este blog, nos ha hecho llegar a todos los miembros el siguiente comunicado, sobre el puto párrafo que acompaña al anteproyecto de Ley de Economía Sostenible:
En relación a las informaciones aparecidas sobre el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible de defensa de la propiedad intelectual, os comentamos algunos puntos importantes para esclarecer cualquier confusión que haya podido producirse.
En primer lugar, en ningún momento, en ningún momento se ha hablado de cortar la conexión a Internet de ningún usuario ya que, como se ha reiterado en numerosas ocasiones, la autoridad judicial es la única competente para bloquear el acceso a la Red. Lo que se propone en este anteproyecto de Ley no es ni criminalizar a las y los internautas ni restringir ningún derecho sino actuar frente a los que se apropien y exploten de forma masiva los derechos ajenos, bloqueando esos contenidos.
Por otro lado, no olvidemos que la Ley de Economía Sostenible es un anteproyecto de Ley lo que quiere decir que aún no ha sido aprobado por el Gobierno ni, mucho menos, ha entrado en el debate parlamentario que es donde se aprueban finalmente las leyes.
El PSOE ha demostrado en numerosas ocasiones, durante esta Legislatura, su capacidad para hablar, escuchar y recoger las aportaciones de todos. Esta Ley busca un equilibrio adecuado entre los derechos, los de la protección a la Propiedad Intelectual y los derechos de los ciudadanos.
El Gobierno está apostando por llegar a un acuerdo que ofrezca una oferta legal, segura y de calidad y que, además, será compatible con los requisitos recientemente adoptados por el Parlamento Europeo, dando lugar a un procedimiento con plenas garantías.
El Gobierno socialista ha ampliado las oportunidades de los ciudadanos en materia de transmisión de contenidos a través de Internet mediante el anuncio de la banda ancha, que a partir de 2011 será un derecho universal de 1MB. El desarrollo del acceso a la Red debe ir acompañado por un estímulo para impulsar una oferta de contenidos digitales avanzada. En este sentido, la industria de los contenidos debe seguir esforzándose por ofrecer modelos asequibles y de fácil uso.
Esperamos que estas aclaraciones sirvan de ayuda para evitar ninguna confusión al respecto.
Saludos
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www.masciudadania.es
Lo indicado subrayado, es mío. Parece que algunos herejes y traidores, no ibamos muy mal desencaminados.
Y por supuesto, ya hay quien está sacando tajada de todo esto y también hay quien se sigue preguntando quiénes eran estos de la Lista de Sinde.
Un saludo.
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Dos cosas:
- Rectificar es de sabios
- Pasarse el día rectificando es alarmante. La gestión gubernamental de este y otros asuntos es espeluznante. Da la impresión que no saben lo que hacen.
Hay algo por lo que todos estais pasando por encima, no sé si deliberadamente o por ignorancia. El “puto párrafo” no dice lo que nos han vendido por ahí, y el punto 2 del manifiesto que tantos habeis apoyado parte de una premisa falsa: la posibilidad de cerrar webs (por la administración o por la autoridad judicial) ya existía, ni el anteproyecto la introduce, ni modifica la intervención de la autoridad judicial. Únicamente se introduce como nueva causa la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, nada más.
La normativa sobre este tema puede ser, de hecho es, criticable, pero ello no justifica basarse en una mentira para atacarla. Porque por mucha gente que la apoye (que apuesto una mano a que no se han leído la ley en su mayoría), una mentira es una mentira.
Con más tranquilidad quizás podremos todos preguntarnos por qué tanta prisa en sacar un manifiesto o en pedir una reunión, a quién beneficia y qué provecho se saca de ello. Creo que en este tema mucha gente de buena fe ha sido llevada al huerto.
Efectivamente Manuel, lo primero hay que leer no sólo los borradores de leyes, sino también el resto del ordenamiento jurídico, cuestión que obviamente no apatece a muchos.
En mi entrada anterior ya comenté que esta potestad de la administración ya se encuentra regulada en la LSSI, en concreto en su Art. 8.
Sin embargo discrepo en la interpretación que haces de este precepto. Existe Jurisprudencia que indica que “los órganos competentes para su protección, en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas” debe interpretarse como ORGANOS JUDICIALES.
Un saludo.